Esta medida continúa un impuesto actual para los usuarios de servicios públicos para financiar servicios vitales.
Es cierto que esta es una forma regresiva de recaudar fondos, y preferiríamos que los servicios estuvieran totalmente financiados. Sin embargo, nuestras comunidades han sufrido durante mucho tiempo las consecuencias de normas fiscales injustas que favorecen a millonarios, multimillonarios y grandes corporaciones. Por eso apoyamos impuestos justos y equitativos, para presupuestos que garanticen de forma plena y fiable que nuestros hijos hereden una educación y unos servicios públicos de calidad, independientemente de su origen o procedencia. Mientras tanto, debemos asegurar que nuestras comunidades tengan acceso a los recursos que necesitan, y este impuesto es un paso necesario para lograrlo.