Adoptar un enfoque de "riesgo de seguridad pública" en lugar de fianzas en efectivo. Pero otorga a los jueces más poder y podría exacerbar los prejuicios raciales y económicos.
Reescribir la Ley de Privacidad del Consumidor para eximir a algunas de las empresas tecnológicas más grandes de la supervisión y aumentar la carga para aquellos que desean proteger su información personal de ser vendida.
Esta medida requiere que las clínicas de diálisis tengan un médico con licencia presente y que informen datos de infecciones a los funcionarios de salud pública.
Uber, Lyft y otros gigantes tecnológicos gastaron más de $100 millones para reclasificar a sus empleados como "contratistas independientes" para evitar protecciones laborales como el salario mínimo.